miércoles, 15 de julio de 2020

Ley de Teletrabajo en Argentina. Perspectivas en torno al rol del Estado

Por Maximiliano Feroleto*

Aprovechando el desarrollo de los debates parlamentarios, resulta interesante contrastar y reflexionar sobre dos de las principales posturas respecto al rol del Estado, suscitadas en torno al debate del proyecto que está siendo tratado en el Congreso. Las mismas, se sitúan en extremos opuestos y pertenecen a sectores, cuyos peso e influencia en el mercado laboral  y la sociedad en su conjunto, son determinantes.


Panorama general.


Previamente, es importante aclarar ciertos puntos a tener en cuenta. Para ello nos apoyaremos en los datos que surgen de la investigación realizada por el CIPPEC, la cual fue parte del material abordado en comisión de Diputados, previo a la media sanción del proyecto de Ley que diera dicha cámara baja:
  • El alcance del teletrabajo bajo las condiciones actuales (teletrabajo efectivo) respecto del volumen que esta modalidad puede adquirir (teletrabajo potencial).
  • La compatibilidad entre el teletrabajo y las distintas ramas de actividades.
  • La incidencia de la calificación de mano de obra para la modalidad de trabajo a distancia.
  • El peso relativo del teletrabajo sobre el total de la masa asalariada.
Estos cuatro puntos listados están atravesados por una misma variable, a saber: la creciente brecha tecnológica, producto de la desigualdad estructural tanto social como económica imperante en esta región. Lógicamente, aquellas empresas que hayan aprovechado las oportunidades para la implementación de TIC's en las últimas décadas, tienen una ventaja considerable de cara a la nueva modalidad. Lo mismo ocurre con aquellos trabajadores que hayan podido capacitarse/actualizarse en el uso y manejo de herramientas informáticas. Sin embargo, tomando las ramas de actividades que componen el mercado laboral argentino y, por supuesto, los trabajadores que forman parte de ella, su capacidad de adaptación al teletrabajo es factible hasta cierto punto, puesto que el tipo de tareas específicas de cada sector influirá directamente sobre dicho objetivo. Es decir, dependiendo de la actividad a realizar habrá mayor o menor rigidez o, directamente, una imposibilidad neta, de introducir el trabajo a distancia.

Para dar un enfoque cuantitativo, podemos agregar que, obviando la infraestructura o condiciones básicas para el trabajo a distancia (espacio, conectividad, insumos, etc.): solo una cuarta parte del mercado laboral estaría en condiciones de realizarlo. De esa porción, la mayor parte estará cubierta por mano de obra calificada, principalmente técnicos y profesionales, con un leve sesgo en detrimento de las mujeres (45%); las empresas que estarían en condiciones de implementarlo representan menos del diez porciento; y, contrastando con los grupos que ocupan los extremos en la distribución del ingreso, la oportunidad de teletrabajar será de uno cada dos para los de mayores ingresos, mientras que en el grupo más pobre es de uno cada diez.

Perspectivas opuestas.


Días atrás, luego de la media sanción en Diputados, el diario Infobae publicó una de opinión titulada "Teletrabajo y el derecho a la silla ergonómica". En la misma, el autor argumenta con énfasis que la intervención Estatal es innecesaria:
Las empresas grandes o multinacionales ya venían trabajando con sistema de teletrabajo sin problemas ni necesidad de que el Estado intervenga, adaptándose según las necesidades de su rubro y de sus empleados.
En la otra vereda, podemos situar la voz de Vanesa Siley, quién preside la Comisión de Legislación del Trabajo. En la entrevista publicada en el diario Tiempo Argentino, la diputada sostiene que:
Mi postura es que hay que regularlo porque todo lo que no está explícitamente reglamentado en favor de la parte débil de la relación laboral, está tácitamente regulado en favor de la parte fuerte. El derecho laboral tiende a nivelar las desigualdades sociales y lo hace regulando en favor de la parte débil; el famoso principio pro-operario.  
Ahora bien, si miramos objetivamente el asunto, lo que es está en cuestión no es ni más ni menos que el rol del Estado visto desde dos perspectivas distintas, que podríamos llamar: liberal, por un lado e, intervencionista, por el otro. Es decir, en un extremo se concibe al Estado como una entidad que entorpece el libre desarrollo de las fuerzas del mercado y en el otro, lo ven como un actor social capaz de nivelar las desigualdades que, justamente, causa el libre mercado.

Apuntes finales.


Llegado este punto y sin hacer juicios de valor, es importante mirar los hechos con detenimiento. En ellos vemos que, efectivamente, hay una parte -aunque minoritaria- de empresas que implementaron el trabajo a distancia y que cada una busca adaptarse a las necesidades de su rubro. Pero de ninguna manera podemos afirmar que esto ocurre sin problemas y sin intervención estatal alguna, como sí lo hace la nota publicada en Infobae. De hecho, esa afirmación encierra una gran falacia, ya que el teletrabajo en Argentina sí tiene un marco normativo, a saber: : Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, Ley N° 25.800, Convenio de la OIT N° 177, Resolución N° 595/2013 – PROPET, Resolución N° 1552/2012 – SRT. Por ejemplo, desde hace 8 años existe la resolución (1552/2012) de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que establece las condiciones mínimas para implementar esta modalidad. Allí, uno de sus artículos, establece que el empleador debe proveer silla, extintor, botiquín, etc. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿todas las empresas que vienen "trabajando con sistema de teletrabajo sin problemas ni necesidad de que el Estado intervenga, adaptándose según las necesidades de su rubro y de sus empleados", estaban ajustadas a esa normativa? Claramente, la respuesta es: No. Por consiguiente, indudablemente, este incumplimiento trae aparejado una serie de problemas entre empleados y empleadores, que probablemente se diluyan en la vorágine de las tareas diarias y el desequilibrio de poder aguzante en un país con niveles de desempleo como el nuestro.  

En ese sentido, encuentra asidero la afirmación de la diputada Siley acerca de que "El derecho laboral tiende a nivelar las desigualdades sociales" en favor de la parte más débil. Sin embargo, vimos que ya hay un marco normativo vigente, aunque incumplido por parte del sector empresarial y mal controlado por los organismos públicos (Ministerio de Trabajo, principalmente). Entonces, resulta evidente, que no alcanza solo con la sanción de una o más leyes sino que es necesario poner en marcha un plan de conversión tecnológica que impulse la transformación y adaptación de todo el ámbito laboral al nuevo entorno.

Está claro que la situación excepcional por la pandemia del Covid-19 y las consiguientes medidas de aislamiento social, pusieron al teletrabajo en el centro de la escena. Pensemos, cuántos puestos de trabajo se han conservado gracias a la posibilidad de esta modalidad. Al respecto, el Min. de Trabajo flexibilizó la condiciones durante esta etapa, dejando sin efecto la resolución 1455/2012, para agilizar su desarrollo). 

Esta rápida escalada también nos obliga a repensar la articulación entre las tareas laborales y domésticas, seguridad e higiene, cuidado de menores o personas a cargo, etc., tanto en este contexto como hacia el futuro. Y por otra parte, cómo diseñar políticas públicas para que la brecha tecnológica deje de expandirse, entre los trabajadores, entre las distintas ramas de actividades y entre las grandes empresas y las pymes.

La cuestión sindical merece un párrafo a parte. En un país con nivel sindicalización considerable y, además, teniendo en cuenta el vasto desarrollo histórico del sindicalismo como actor social, la transformación de las relaciones entre representantes y representados es un hecho tan inevitable como el avance del teletrabajo mismo. Si el lazo social que cada central sindical ha ido construyendo, tanto hacia dentro como entre pares, está apoyado sobre la base del "codo a codo", la permanente distancia diaria será el factor clave a partir del cual repensar el día a día. Las deliberaciones y comisiones formales e informales, programadas y espontáneas, las convocatorias y asambleas, todas esas prácticas habituales, quedan atravesadas por la ausencia física de sus miembros. La presencia virtual tomará mayor entidad no como reemplazo, pero sí como complemento fundamental. El término "telesindicalismo" ya está tomando un vuelo importante en el mundo laboral, símbolo de un nuevo paradigma en el cual la brecha tecnológica también mostrará ventajas y desventajas entre las distintas agrupaciones -un claro ejemplo de esto, es la capacidad de manejo de TIC's que el gremio de las Telecomunicaciones tiene por sobre el resto. En definitiva, es altamente probable que en este tablero las fichas también intercambien posiciones. 

Justamente, por eso es necesario pensar, más allá de la contingencia, en lo que vendrá y establecer  condiciones que permitan un mejor equilibrio entre empleadores y empleados. Y para esto, no puede quedar ningún actor social fuera del debate, ya que cualquier opinión obviada atentará en contra de dicho equilibrio deseado. Una verdadera práctica democrática debe superar la antinomia público-privado y pensar en fortalecer la relación entre la sociedad civil y el gobierno. De otra manera, la existencia del Estado perdería sentido y caeríamos en una situación de inequidad social total, donde las cosas solo se resuelven de manera violenta. 

Pensemos, también, en que estas discusiones acerca de la intervención estatal estuvo presente históricamente en cada movimiento de fichas sobre el tablero laboral. Un caso que ilustra perfectamente esta cuestión y lleva ya tres cuartos de siglo, fue el reconocimiento de las vacaciones pagas para toda la masa asalariada como derecho laboral a través del decreto 1740/45 de la Secretaria de Trabajo y Previsión -hasta ese entonces, de acuerdo a una ley de 1933, este derecho solo estaba vigente para el sector comercial. Sin embargo, desde el arco empresarial hubo una fuerte oposición puesto que en lugar de un nuevo derecho veían un gasto más a su cuenta y sentían que estaban siendo perjudicados. 

- ¿Qué hubiese pasado si el Estado no intervenía en favor de los reclamos de las organizaciones gremiales que arrastraban décadas sin ser tenidos en cuenta? 

- ¿Las vacaciones y el turismo seguirían siendo solo un privilegio de las clases altas? 

- ¿Acaso una medida como ésta no tuvo un impacto positivo, no solo para los trabajadores, sino también para las empresas de turismo y, más aún, para la dinámica macroeconómica del país?

Es que solamente una mirada general que tenga en cuenta todo el panorama y su correlación de fuerzas, nutriéndose del diálogo multisectorial y la información recabada por cada área involucrada, podrá encontrar el punto de equilibrio más adecuado. Ahí es donde se hace necesaria la intervención de un actor que pueda interpretar y representar los intereses generales, buscando la salida más equitativa posible.

*Lic. en Sociología (UBA).

3 comentarios:

  1. Excelente raconto de un tema que durante esta pandemia, tomo un mayor cuerpo en todas las sociedades del mundo. Tal como tambien ocurrió en nuestro país, desconocia que dispononiamos de legistalacion sobre este tema y, concuerdo en que solo hace falta los controles tanto del estado como de los sindicatos afines a cada especialidad.
    Me gusto realizar la lectura de lo presentado, muchas gracias.

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  2. Muy buen artículo. Toma una postura clara y analiza bien el tema.

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  3. Gracias por una lectura que invita a reubicar nuestro observador para promover una mirada crítica sobre lo que nos acontece y atraviesa, e interpelar los intereses de los medios que estamos (o no) acostumbrados a escuchar.

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